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sábado, 2 de marzo de 2013

Un espejismo de igualdad legal


Artículo extraído del libro "El orgullo es nuestro.Movimientos de liberación sexual en el Estado español”. Publicado por el periódico El Diagonal con licencia Creative Commons.
Autora del artículo: Alira Arán. Sexóloga, máster en estudios de género, activista e investigadora independiente.

Hemos asistido en años recientes a una batería de medidas sin precedente en materia legislativa sobre libertades y derechos sexuales: la modificación constitucional mediante la cual se equiparan las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo a aquellas celebradas tradicionalmente entre hombres y mujeres, incluido el derecho de adopción con el que tanto se polemizó en su momento; la aprobación de una ley de cambio registral de nombre y sexo en documentos oficiales que no incluye entre sus requisitos intervenciones quirúrgicas genitales forzadas sobre el cuerpo de la persona demandante, y que además convierte el proceso judicial interminable previo a la publicación de la ley en un trámite administrativo; o la ley sobre reproducción asistida y sus efectos en la procreación de parejas de dos mujeres, y el correspondiente reconocimiento legal.

Estos cambios legales, si bien son un avance necesario, han traído a la palestra críticas y desencuentros que ya palpitaban en el seno de un movimiento fraccionado. Una fractura entre aquellas gentes que apuestan por una normalización e integración en el contrato social imperante, con un reflejo en las instituciones, y los colectivos que plantean una profunda revisión (¿quizá utópica?) en clave económica, de clase social, de raza, de valores y costumbres culturales. Una revisión de las sociedades en las que vivimos, para dibujar, en definitiva, un lienzo con puntos aparentemente inconexos, de forma transversal.

El reconocimiento formal durante los ocho años de mandato del PSOE ha acabado por destapar "zonas grises" que, llevadas a la agenda pública, hubieran supuesto una mayor promoción de libertades sociales: nos encontramos como única opción legal, con la imposición de una institución matrimonial que bebe históricamente de posicionamientos ultra religiosos homófobos, frente a otras opciones de relación y convivencia que no son ni económica, ni institucionalmente privilegiadas.

Las personas trans, por otro lado, tienen que pasar por imperativo legal por una evaluación psiquiátrica que las acredite como enfermas mentales, y un mínimo de dos años de tratamiento médico obligatorio, para obtener unos documentos vitales, para poder acceder al mercado laboral en un colectivo con una aberrante tasa de desempleo arrastrada desde antes de la crisis, y para no permanecer en el ostracismo social más años aún. Huelga decir que las más vulnerables de las vulnerables, las personas menores e inmigrantes, son expresamente excluidas en la redacción de dicha ley.

A medias.
Pese a las promesas electorales de 2004 del PSOE, tampoco se han aprobado medidas que garanticen la inclusión y el acceso en todo el territorio nacional a tratamientos fundamentales para el bienestar del colectivo trans mediante su inclusión en la cartera de prestaciones sanitarias, con el perjuicio laboral, social y familiar que supone para este vulnerabilizado grupo tener que emigrar a las pocas comunidades privilegiadas donde si se ofrecen estos servicios. No hemos podido llegar a ver la consolidación de una ley integral que trate tanto los aspectos administrativos, sanitarios, como aquellos de promoción laboral e inserción social, encontrándonos ahora con una miríada de leyes integrales parciales, y que van diferentes velocidades según la comunidad autónoma en cuestión.

La situación de las personas trans en las cárceles continúa siendo deficiente. No se respetan las circulares sobre identidad y tratamiento establecido en protocolos que tienen derecho a recibir las reclusas (una vez más, nos encontramos con la feminización del fenómeno de la cárcel).

Las personas migrantes LGTB lo tendrán a partir de ahora más difícil, después de las modificaciones legales en materia de asilo e inmigración, y tras el reciente anuncio en el segundo trimestre de 2012 del nuevo Gobierno del PP con el cual se levanta un muro en el acceso de los sin papeles a la sanidad pública. Igual que lo tendrán más difícil las mujeres no heterosexuales que quieran acceder a tratamientos de reproducción, al buscar el PP el subterfugio de que están sanas para procrear sin necesidad de usar ningún tipo de reproducción asistida.

Vemos, en esta “nueva” etapa con el PP cómo las promesas, campañas y leyes sobre el VIH  desaparecen de un plumazo. No resultan electoralmente rentables, y menos si los adjetivos que acompañan a estas siglas son “trans”, “migrante”, “precaria”, “no blanco”, “trabajadora del sexo”, etc.

Y pese al hecho de que nos podamos casar con quien queramos, la indefensión legal es absoluta, ya que en casos de abusos y agresiones la homofobia (sobre la transfobia no se legisla) se considera un agravante, y no la raíz de la agresión en sí misma en crímenes de odio.

En el fondo, subyace la sensación de que la raíz de los problemas sociales de carácter sexual no ha sido tocada, de haberse creado un espejismo de igualdad legal, cuando enormes lagunas sociales siguen vigentes, y de que finalmente se ha optado por la vía menos compleja y menos cuestionadora en el reflejo legislativo de estas realidades, y en cambio la que mayores réditos pudo otorgar a nivel electoral. Por todo ello, resulta inevitable preguntarse: ¿leyes transformadoras o simples políticas de gestos?

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